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Commentary: La pandemia que evidencia y agudiza la mortalidad del abandono en las prisiones de América Latina - ¿Quién asume la responsabilidad?

FairTrialsAdmin - May 4, 2020 - COVID-19 Updates, Commentary, Prison conditions

Por Rafael Barreto Souza y Verónica Hinestroza Arenas. 

Rafael Barreto Souza es abogado, experto en temas de justicia criminal y prevención de la tortura. Actualmente trabaja en un programa de reforma de la justicia criminal en Brasil.

Verónica Hinestroza Arenas se especializa en prevención de la tortura y la implementación del derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente se desempeña como consultora independiente

 

De jure, Latinoamérica no contempla la pena de muerte y aún así la crisis de goce efectivo de derechos humanos en las prisiones, sumada a respuestas estatales insuficientes frente a la amenaza del Covid-19, pueden terminar imponiéndola de facto. Los esfuerzos de los gobiernos de la región por “aplanar la curva” de la pandemia con el objetivo de mantener los niveles de contagio en el mínimo para que el sistema de salud mantenga la capacidad de atender adecuadamente el total de casos que se presenten, serán insuficientes de presentarse un brote de coronavirus en centros penitenciario. Ningún sistema de salud de la región lograría sobrevivir la llegada masiva de prisioneros y guardianes infectados.

El creciente hacinamiento e insalubridad en las prisiones de América Latina en las últimas décadas, ha sido ampliamente condenado por organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos, principalmente a la luz de la prevención de la tortura y malos tratos. No obstante, dichos señalamientos no han logrado generar cambios sustanciales en el manejo de las prisiones. El abandono estatal en conjunto con una política penal que privilegia el encarcelamiento y criminaliza la pobreza, han promovido el desprecio social hacia las personas privadas de la libertad, condenando a la región a dinámicas cíclicas de desigualdad.

A la fecha, las respuestas de los gobiernos a la repetida recomendación internacional de adoptar medidas alternativas a la prisión para descongestionar las cárceles, y facilitar así que se sigan las medidas de prevención en materia de distanciamiento social e higiene, han sido marginales. En este contexto la voz de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura (MNPT), como órganos independientes y dedicados exclusivamente al monitoreo de centros de detención, ha sido fundamental para mantener la presión sobre el accionar de las autoridades. A pesar de las barreras que impone la pandemia a las visitas de los MNPT, estos continúan su labor de monitoreo y cabildeo en pro las personas privadas de libertad. Lastimosamente no todos los países de la región cuentan con un Mecanismo.

La impotencia y el miedo al Covid-19 en cárceles ya ha cobrado vidas en el marco de protestas que exigen atención y transparencia en la comunicación sobre las medidas que se tomen para su protección. A estas muertes habrá que sumar aquellas causadas directamente por el Coronavirus.

Este artículo explora los argumentos aquí presentados, y plantea la necesaria reflexión sobre la responsabilidad internacional y penal por el sufrimiento y las muertes que ocurran bajo custodia del Estado en el marco del Covid-19.

 

La enfermedad subyacente del sistema penitenciario

En América Latina, la región que presenta mayor desigualdad de ingresos del mundo, un 10% de la población concentra la riqueza y un 40% la pobreza. A esta vulnerabilidad económica estructural, en ocasiones se suma, en el marco de procesos penales, un sesgo racial o étnico por parte de fuerzas de seguridad y operadores jurídicos que puede llegar a primar sobre evidencia objetiva. En Latinoamérica, la gran mayoría de delitos para los que se contempla la pena de prisión, no atentan contra los derechos fundamentales como la vida o la integridad, son delitos contra el patrimonio y delitos de drogas, mayoritariamente microtráfico. En Colombia, 29.271 personas se encuentran en la cárcel por el delito de hurto, cifra que incluye condenados y sindicados. La penalización con cárcel por tales delitos afecta principalmente a la población afrodescendiente o pertenecientes a minorías étnicas, con baja escolaridad y residentes de barrios periféricos conforman la mayoría de la población penitenciaria de la región.

Con una tasa media de ocupación del 153.5%, las prisiones de América Latina están hacinadas, es decir que alojan a muchas más personas de las que su diseño, tanto arquitectónico como de salubridad y seguridad contemplan. Colombia presenta una tasa de ocupación del 153.7 %, Brasil de 170.7%, en Paraguay como ha reportado el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, hay 7 personas donde debería haber 1 y El Salvador presenta 333.3% de hacinamiento.

No obstante, estas condiciones, violatorias de las obligaciones estatales frente a la población bajo su custodia, han sido normalizadas por autoridades y ciudadanos. La normalización de condiciones carcelarias inhumanas, lejos de propiciar la llamada reinserción social exacerba la marginalización económica y social de los detenidos y de sus familias. De hecho, son los familiares, libres de responsabilidad penal, en quienes el Estado a delegado informalmente la nutrición y aseo de las personas privadas de la libertad, cuenten o no con los recursos para su mantenimiento.

La campaña de recolección de fondos del gobierno de Colombia, un país de renta media-alta, para “atender las necesidades de los 124.000 reclusos que se encuentran en los centros penitenciarios del país”, evidencia el traslado de la responsabilidad del Estado a la población. El abandono de las personas privadas de la libertad en la región ha minado la confianza en el Estado y en la justicia, propiciado el reclutamiento criminal y limitado las posibilidades de progreso de miles de personas directa e indirectamente afectadas por una condena que desborda la restricción a la movilidad, y es desproporcional a cualquier delito.

 

Muertes por COVID -19 y por miedo al Coronavirus en el sistema penitenciario

El total de muertes en prisiones de América Latina por complicaciones derivadas del Coronavirus no puede estimarse dada la carencia de pruebas de diagnóstico, las cuales en todo caso priorizan a la población en libertad. En Brasil, el 9 de abril sólo había tres casos de contagio confirmados en las cárceles, y pasado poco más de dos semanas ya se contaba con 104. El 24 de abril, las autoridades nacionales indicaron cuatro muertes por Covid-19 en los centros penitenciarios, además, a 26 de abril hay por lo menos tres detenidos hospitalizados en estado grave. A 23 de abril se habían registrado tres muertes de detenidos en Colombia y 128 contagios, incluyendo 2 casos en una de las principales cárceles del país, la cual alberga a 9.232 personas y presenta una sobrepoblación de 3.230.

En Paraguay a 23 de abril, donde se han adelantado exámenes en casos sospechosos, aún no se registra ningún caso positivo en las prisione [1]. El avance del Covid-19 en los centros penales de El Salvador es desconocido pero preocupante dada las condiciones de hacinamiento que enfrentan. Fotografías de las requisas adelantadas en las prisiones de pandillas, en el marco del estado de emergencia máxima en los centros penales decretado por el Presidente Bukele el 26 de abril, permiten entrever una carencia de medidas de protección frente al Covid-19. A medidas que incluyen aislamiento 24/7, se suma la preocupación por cientos de personas arbitrariamente detenidas y aisladas en centros de contención, por violar la cuarentena. En Perú, a 23 de abril se registraron 500 presidiarios infectados y 13 muertos por Covid-19, además de 113 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario contagiados y tres fallecidos.

Hoy por hoy, los problemas históricos de la administración de las prisiones hacen imposible seguir las medidas preventivas a la propagación de el Covid-19, particularmente el distanciamiento social, la higiene frecuente de las manos y los controles de salud por profesionales calificados, esto sin contar el uso de tapabocas y el acceso a jabón antibacterial en gel o alcohol. El servicio de agua es restringido en varias prisiones, donde solamente circula por los grifos dos o tres veces al día. En Paraguay se registra que el 60% de las personas detenidas no poseen acceso al agua de forma continua y una situación similar se vive en cárceles de Brasil donde el jabón que proveen los centros es insuficiente, y la provisión extra depende de las familias, cuyas visitas están ahora limitadas o prohibidas.

Las falencias en el cumplimiento rutinario de la valoración médica de entrada y seguimiento a los internos en prisiones, pasa cuenta de cobro frente al Covid-19, dado que las cárceles difícilmente cuentan con un récord de las enfermedades preexistentes de los detenidos, muchas de las cuales como la diabetes o la hipertensión, aumentan el riesgo de infección. Los servicios médicos en los penales no responden a lo estipulado en las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), en materia de equipos, personal especializado, instalaciones y coordinación con el sistema de salud público. En México, casi el 33% de las cárceles presenta deficiencia de los servicios de salud. En el 40% de las penitenciarías brasileñas no hay siquiera consultorios para cuidado in situ, y en Colombia, como lo demuestran las 10 cárceles más hacinadas del país, no se cuenta con personal médico suficiente o permanente, y en algunos casos ni siquiera con la conexión al servicio externo de salud. Este contexto hace que el monitoreo médico de la pandemia sea imposible, y significa un gran riesgo para los casos sintomáticos.

Algunos administradores públicos estimaron que la restricción de visitantes, abogados/as, sacerdotes y organismos de monitoreo sería suficiente para proteger a las personas privadas de libertad de la pandemia. Sin embargo, ante el ir y venir de los funcionarios de prisiones con el cambio de sus turnos y, en algunos casos, traslados entre centros de detención, las cárceles se mantienen permeables al virus.

En Brasil, hay un creciente número de guardias de prisiones contaminados y ya se registró la muerte de un funcionario en São Paulo y otra Río de Janeiro por Covid-19. En Colombia, los guardias de penales denuncian que no cuenten con los elementos de protección necesarios, que ya presentan contagios y que tanto ellos como sus familias están siendo estigmatizados. El miedo al contagio está generando que varios consideren renunciar a sus cargos.

El temor al contagio, por supuesto no se limita a los guardianes. El accionar marginal y carente de comunicación transparente frente al manejo de la pandemia en las prisiones, ha tenido un fuerte impacto psicológico en las personas privadas de la libertad y de sus familiares, quienes en general se sienten impotentes e incapaces de cuidarse, aunque quisieran. La incertidumbre y la limitación en el acceso a sus seres queridos por la prohibición de visitas, despertó conflictos y motines en varios países de la región. Restringir las visitas en los penales latinoamericanos va más allá de limitar el contacto con el mundo exterior, o la convivencia familiar, implica que los presos quedan sin opciones para mejorar su nutrición y contar con la dotación de productos para su aseo personal. Ante el abandono estatal, las familias son la única fuente de manutención y esperanza.

En marzo en Bogotá, Colombia, 23 personas murieron, 80 resultaron heridas, de las cuales 32 terminaron hospitalizadas, en el motín más letal en la pandemia hasta el momento. A la fecha, no han sido reveladas las circunstancias que rodearon la muerte de los reclusos. A fines de marzo en Argentina, se presentaron 5 muertes durante motines en varias cárceles del país. En Brasil, un motín dejó 1 muerto y cinco heridos el 11 de abril. Bajo la consigna “no queremos morir en la cárcel” han tenido lugar varios motines en Buenos Aires, Argentina. Uno de los motines, el 22 de abril, terminó con once heridos y un muerto. Expertos alertan que los conflictos pueden incrementar si no se toman medidas para que el aislamiento no empeore la situación de los ya confinados.

Algunas autoridades penitenciarias han buscado facilitar las comunicación familiar por videoconferencia, o permitir el acceso a correos electrónicos o aplicaciones de mensajería, como han recomendado organismos internacionales. Sin embargo, las recomendaciones deben leerse en contexto y adaptarse al mismo. La realidad es que, aunque las prisiones faciliten el acceso a la tecnología para los reclusos, esta medida significa otro castigo económico para familia pobres, aisladas en barrios precarios donde teléfonos inteligentes, o computadora con cámara y conexión a banda ancha pueden llegar a ser inaccesibles física y financieramente, más aún en el marco de la pandemia.

La provincia de Buenos Aires, en Argentina es un ejemplo en que el uso de celulares, incluyendo la aplicación de WhatsApp se permite desde que la Sala de Casación de la Provincia determinó que tener un teléfono era un derecho de los presos durante la pandemia.  No obstante, los equipos deben ser provistos por los familiares, quienes también deben hacerse cargo de los costos del servicio, y además contar con sus propios equipos para conectarse. Ante la pobreza, la sustitución digital puede no ser más que una ilusión, tan falsa como la idea que confinar protege en situaciones de hacinamiento.

 

Excarcelación

Existe consenso entre especialistas, académicos y profesionales en el campo de la política criminal y de los derechos humanos: para afrontar el Covid-19 es urgente reducir la población privada de libertad. Medidas que incluyen la libertad anticipada, el traslado a prisión domiciliaria, la libertad condicional, la liberación de personas con alto riesgo de contagio y de quienes no han sido condenados y por ende se encuentran en prisión preventiva, son solo algunas de las propuestas que se han puesto a consideración de los estados del mundo. Lamentablemente bajo el discurso de seguridad y lucha contra la impunidad, la respuesta de América Latina ha sido tímida. En Colombia, el Fiscal General manifestó oponerse a la excarcelación argumentando: “nuestra criminalidad es más peligrosa que la pandemia”.

En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia lanzó una recomendación a los jueces para que adoptarán medidas de excarcelación con relación a privados de libertad en grupos de riesgo, en cárceles hacinadas y para anticipar beneficios de ejecución penal. Estas medidas han sido impulsadas además por las Defensorías Públicas con numerosos habeas corpus y otros recursos. La medida es posiblemente la de mayor impacto a la fecha en la región, amparando cerca de 30 mil personas de acuerdo con datos disponibles a comienzos de abril. No obstante, la cifra no logra hacer una diferencia significativa en relación con los más 748 mil presos que alberga el sistema penitenciario.

En Colombia,  tras los motines y la solicitud de la Corte Constitucional al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y al INPEC, encargado de la administración penitenciaria, de informar sobre los planes de contingencia para "prevenir, detectar, contener y tratar la enfermedad Covid-19 en las cárceles, se anunció un posible decreto para excarcelar 10 mil reclusos. Tras la oposición del Fiscal y otros sectores de la sociedad, el 15 de abril se expidió un decreto que se restringe a 4 mil personas de 16,252 clasificadas como de alto riesgo. El decreto ha sido calificado como discriminatorio, y denunciado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de una solicitud de medidas cautelares en favor de las personas privadas de la libertad de 10 centros penitenciarios y carcelarios de Colombia.

Como medida de protección al Covid-19, en El Salvador  las autoridades de Centros Penales y el Comité Internacional de la Cruz Roja, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia estudiar medidas de suspensión condicional de la ejecución de la pena, libertad condicional u otra alternativa a la prisión para dar  salida de los reos mayores de 60 años  que no pertenecieran a grupos terroristas, maras o pandillas, y que se encontraran enfermos. Días después, la Dirección General de Centros Penales se retractó de la solicitud argumentando que la misma fue utilizada “para dañar la imagen y el prestigio de la institución.”

Por otro lado, el Poder Judicial del Estado de México aprobó la libertad condicional la modalidad de monitoreo mediante brazalete electrónico para 835 internos, analiza 500 casos más, y dejó en libertad a 59 personas cuyas ofensas no incluían delitos graves o violentos.  Por su parte, el gobierno de México aprobó el 23 de abril una Ley de Amnistía para personas detenidas por haber cometido delitos no violentos, incluidos delitos contra la salud, como por consumo de drogas, narcomenudeo, así como por delitos cometidos por indígenas que no tuvieron defensa adecuada. No obstante, se prevé un alcance limitado de la Ley  dado que solo cobija la competencia federal.

En Perú, el 23 de abril se anunció un Decreto Supremo que otorga el indulto humanitario a un promedio de 3.000 presos de las 68 cárceles del país, que se encuentren dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud denominó población vulnerable, esto incluye madres, gestantes, adultos mayores que no hayan cometido delitos graves, personas enfermas y quienes cumplan condena en los próximos seis meses. En Buenos Aires, Argentina, 2.300 presos fueron liberados tras un habeas corpus colectivo, y se esperan más encarcelamientos bajo esta figura.

El Poder Legislativo ha sido cauteloso en avanzar reformas a la justicia penal en el marco de la pandemia;  las disposiciones del derecho penal y de proceso han permanecido prácticamente intactas. El único país que ha impulsado medidas legislativas a la fecha ha sido Chile.  El 8 de abril se aprobó un indulto que concedió medidas no privativas de libertad a 1.300 de 50 mil reos, quienes serán sometidos a arresto domiciliario.

Las pocas y marginales medidas de excarcelación antes descritas, se basan en la vulnerabilidad de población de edad avanzada, en particular mayor de 70 años, no obstante, vale la pena resaltar que comienza a ser evidente la vulnerabilidad de adultos menores de 55 años. En algunos países una de cada cinco personas hospitalizadas tienen entre 20 y 44 años. Sus casos suelen estar correlacionados con preexistencias médicas. Esta información resulta pertinente en el contexto carcelario ya que invita a repensar la vulnerabilidad y considerar las condiciones de salud anteriores a la pandemia como factores de riesgo.

Datos de Brasil indican que al día se presentan alrededor de 3.000 hospitalizaciones de personas con enfermedades como la neumonía, la diabetes y la hipertensión. En 2019, estas enfermedades provocaron más de un millón de hospitalizaciones en la red de salud pública brasileña. La mayoría de estas hospitalizaciones (59%) involucraron a personas menores de 60 años. Con respecto a la tuberculosis, las personas privadas de libertad en Brasil presentan 35 veces más la enfermedad que la población en libertad. Esta tendencia también se observa en Estados Unidos, donde se espera que el coronavirus cause más muertes en personas jóvenes con comorbilidades crónicas. Se indica que cuanto más pobre sea la región, menor será la edad de los hospitalizados y de los muertos. Casi el 40% de los pacientes de Covid-19, estadounidenses que fueron hospitalizados tenían menos de 55 años, y el 20% tenían entre 20 y 44 años.

De no tenerse en cuenta esta tendencia en las decisiones frente a la prevención del Coronavirus en las prisiones, su letalidad puede llegar a ser aún más alta de lo considerado a la fecha, dado que la población predominante en los centros de detención son hombres entre 36 y 45 años, muchos con enfermedades primarias.

 

Valor agregado de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura

La situación en las prisiones se agrava por la suspensión de acceso de monitores penitenciarios. Sin acceso a abogados, a visitas familiares o información, se agudiza el escenario de quienes están privados de libertad. En escenarios como éste, la existencia y buen funcionamiento de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura resulta aún más necesaria. Órganos establecidos por el Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT, por la sigla en inglés), los Mecanismos son instituciones públicas que garantizan una narrativa independiente de la oficial.

Mediante visitas e informes, los Mecanismos revelan la situación de las personas en privación de libertad, destacan problemas, dictan recomendaciones, comunican, y promueven cambios. En la región, 13 países lo han establecido y, de hecho, en estos la situación del sistema penitenciario es más visible. Los MNPs de Paraguay, Argentina, Brasil, México y Uruguay han publicado recomendaciones precisas dirigidas a entidades de gobierno y de justicia, para orientar la protección de los detenidos en el marco del Covid-19. Colombia no ha ratificado el OPCAT y por eso no cuenta aún con un MNP,  este es el caso también de El Salvador.

El cabildeo y recomendaciones de los MNP han sido centrales para la calidad del debate y la toma de decisiones en los países en que operan. No obstante, la pandemia también les impone límites para visitas y fiscalización, debilitando una voz importante para quienes no tienen la posibilidad de argumentar sobre el futuro de su salud y potencialmente de su vida.

 

Para la reflexión: ¿Quién se hace cargo y de qué?

Quizá el hecho que los gobiernos de la región han logrado mantener el abandono de las prisiones sin enfrentar mayores consecuencias, les permite pensar que tendrán la misma suerte al decidir desatender la crisis del Covid-19 y prevenir una tragedia, a pesar de los múltiples llamados internacionales para proteger a la población privada de la libertad y sus guardianes. No obstante, varios puntos pueden hacer la diferencia en el contexto de la pandemia:

  1. Los múltiples llamados públicos internacionales, incluyendo de instancias vinculantes como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos;
  2. La variedad de alternativas penales a disposición para descongestionar las prisiones;
  3. La existencia de una amenaza real e inminente de enfermedad y/o muerte;
  4. El hecho que, en este contexto, actuar u omitir, es una decisión (dolo).

En este escenario la decidida falta de acción de los gobiernos y los funcionarios encargados de tomar las decisiones frente al sistema penitenciario podrían llegar a constituir tortura, por infringir deliberadamente dolor o sufrimiento mental y posiblemente físico a la población privada de la libertad, con el objetivo de castigarla o discriminarla. La falta de acción, como plantea Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede llegar incluso a constituir un crimen de lesa humanidad.

 

[1] Dante Leguizamón, Comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

 

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