Fair Trials y veintidós organizaciones colaboradoras elaboran informe técnico de cara a la audiencia temática que se celebrará ante la CIDH

Fair Trials junto a veintidós organizaciones colaboradoras, elaboró un informe técnico previo a la audiencia temática ante la Comisión Interamericana el día 30 de junio de 2021, sobre el uso de videoconferencias en las audiencias iniciales, de control o de custodia en la región. A continuación, resumimos nuestras principales preocupaciones, así como las recomendaciones y propuestas emitidas para la consideración de la Comisión. Para leer el reporte completo, haga clic aquí.

A través de las informaciones y datos recolectados en el informe, se demuestra que el uso de audiencias remotas o telemáticas en las audiencias iniciales, de custodia o de control de detención en la región latinoamericana, que se amplió exponencialmente a raíz de la pandemia del COVID-19, conlleva consecuencias adversas para la prevención, identificación y documentación de la tortura, el uso excesivo de la prisión preventiva y el goce del derecho a una defensa penal efectiva.

La pandemia del COVID-19 ha supuesto que los sistemas de justicia de América Latina se vieran forzados a una readecuación de su lógica de funcionamiento. El cambio principal ha estado dado por la realización de audiencias en formato virtual. Si bien hay que reconocer que los sistemas de justicia sostuvieron la entrega del servicio y lograron realizar una gran cantidad de audiencias, lo cierto es que actualmente se vuelve necesario hacer una diferenciación entre aquellas audiencias que requieren de la presencialidad y las que podrían sostenerse en formato virtual. La audiencia de control de detención, o audiencia inicial, justamente por el rol que cumplen de salvaguardia de las garantías individuales de la persona imputada en las primeras horas de la detención, de control del actuar policial y de verificación de la legalidad del arresto, exige el requisito de la presencialidad y la conducción de la persona detenida ante la autoridad judicial. Su implementación en formato virtual es incompatible con las finalidades a que se proponen dichas audiencias.

En este sentido, hemos concluido que antes de implementar, expandir y normalizar las audiencias a distancia en los procedimientos penales en la región, los estados deben analizar cuidadosamente y tomar en cuenta consideraciones sobre el acceso a la justicia, la salvaguarda de derechos fundamentales (particularmente el derecho a ser libre de torturas y malos tratos), y el debido proceso. Los poderes judiciales de la región deben adoptar un enfoque holístico y una estrategia inclusiva para garantizar el funcionamiento continuo del sistema judicial, la igualdad de acceso a la justicia, los servicios de justicia oportunos y eficaces, y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona detenida/imputada.

Las organizaciones involucradas estamos convencidas que la Comisión Interamericana tiene un rol fundamental que jugar en la región para apoyar e impulsar iniciativas de investigación, análisis y evaluación exhaustiva de los riesgos y el impacto que tienen las audiencias remotas en los procedimientos penales sobre el debido proceso y el derecho a un juicio justo. Especialmente en Latinoamérica donde aún no se han llevado a cabo estudios exhaustivos a este respecto. Con los sistemas de justicia remota que se están introduciendo actualmente a una escala masiva en la región, se presenta una oportunidad única para recopilar datos y comprender mejor el impacto de estos sistemas en la equidad de los procesos penales, y en la salvaguarda del derecho a ser libre de tortura y tratos crueles, así como su verdadera utilidad en términos de ahorro de tiempo y costos.

En este sentido, le proponemos a la Comisión, elaborar un informe completo sobre los efectos de la normalización y expansión indiscriminada del uso de video conferencias en las audiencias iniciales, de control o de custodia en la región, y sus efectos perjudiciales sobre la efectiva prevención de la tortura, y la salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona detenida en la región.

Asimismo, creemos que la Comisión debe impulsar la creación de lineamientos regionales específicos a la implementación y expansión de las audiencias a distancia en los procedimientos penales, prestando especial consideración al uso de videoconferencias en las audiencias iniciales, de custodia y de control como pilar esencial para la efectiva prevención de la tortura, y como momento procesal fundamental para la salvaguarda del derecho a ser juzgado en libertad. Con este fin las organizaciones involucradas sugerimos la creación de un grupo de trabajo específico sobre el uso de tecnologías y videoconferencias en los procedimientos penales. Asimismo, hemos presentado una serie de recomendaciones que pueden servir como punto de partida para el planteamiento, discusión e intercambio de un potencial grupo de trabajo que se comprometa a desarrollar lineamientos generales con vistas a apoyar el desarrollo consciente, diligente y cuidadoso del uso de la tecnología en los procedimientos penales de la región.

Por último, le proponemos a la Comisión emitir un comunicado expresando su preocupación por las potenciales violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas en la región, resultantes de la normalización y expansión indiscriminada y sin respaldo de evidencia empírica formal sobre los efectos negativos (sobre las salvaguardas a los derechos a un juicio justo y al debido proceso), del uso de videoconferencia en los procedimientos penales, particularmente en las audiencias iniciales y aquellas audiencias donde se puede ver afectada la libertad del individuo.

Les recordamos que la audiencia se llevará a cabo el día 30 de junio de 2021 a las 2:00 p.m. EST. Esperamos que este sea el comienzo de un debate necesario en el desarrollo responsable del uso de tecnologías en los procesos penales de América Latina.